Me permito resumir el artículo de Anna Gimeno “los fondos perdidos de la sanidad valenciana”:
1.- En la pasada legislatura la Comunitat Valenciana recibió del Gobierno de España para financiar el sistema sanitario 125 veces más de lo que destinó el último gobierno del Partido Popular. Si nos atenemos a las cifras, puede comprobarse que esta comunidad ha recibido 1.176 millones de euros entre 2004 y 2008 frente a los poco más de 9 millones de euros que recibió con el gobierno de Aznar entre 2000 y 2004.
2.- La diferencia es abismal, pero a pesar de ella la sanidad valenciana no es 125 veces mejor, sino más bien al contrario. ¿Qué ha hecho el Gobierno valenciano del PP con los fondos sanitarios estatales? ¿Por qué después de este incremento no contamos con una sanidad pública de una calidad excelente?
3.- El PP justifica las crecientes carencias de la sanidad valenciana en la financiación autonómica, en que la población ha crecido en la Comunitat Valenciana. Pero lo cierto es que la población ha crecido exactamente un 7,6%, aproximadamente 350.000 personas, desde el 1 de enero de 2004, una cifra que proporcionalmente es bastante inferior al incremento de la inversión sanitaria que el Gobierno socialista ha transferido en esta legislatura a la Generalitat Valenciana para mantener una sanidad pública digna
3.- El PP justifica las crecientes carencias de la sanidad valenciana en la financiación autonómica, en que la población ha crecido en la Comunitat Valenciana. Pero lo cierto es que la población ha crecido exactamente un 7,6%, aproximadamente 350.000 personas, desde el 1 de enero de 2004, una cifra que proporcionalmente es bastante inferior al incremento de la inversión sanitaria que el Gobierno socialista ha transferido en esta legislatura a la Generalitat Valenciana para mantener una sanidad pública digna
4.- Con el PP se está produciendo una doble privatización de la sanidad pública: una privatización de la gestión -mediante el concierto de determinadas prestaciones con clínicas privadas y la entrega de la gestión hospitalaria a grandes empresas- y una huida de los usuarios del sistema público hacia la sanidad privada en busca de una atención rápida y de calidad. En lugar de aplicarse en una gestión sanitaria eficiente, el Gobierno valenciano favorece el desprestigio de los servicios públicos y de sus trabajadores y con ello la deserción por parte de los ciudadanos en la exigencia de una atención pública digna.
5.- El desprestigio de la sanidad pública sirve además al propio gestor político para justificar la privatización de la gestión. Interesadamente se confunde la gestión con el sistema, de modo que si la atención sanitaria es deficiente se atribuye la causa a las supuestas perversiones de lo público y no a la incapacidad o a la falta de voluntad del gestor, en este caso, la Generalitat Valenciana.
Las competencias en materia sanitaria fueron transferidas a la comunidad autónoma valenciana en el año 1980. Nunca hasta ahora un gobierno autonómico había sembrado la confusión sobre esta materia de manera tan sistemática e interesada como lo ha hecho el PP valenciano. De su discurso parece desprenderse que la causa de las deficiencias de la sanidad valenciana se encuentra en el Gobierno socialista de España, que no tiene las competencias desde hace 28 años.
5.- El desprestigio de la sanidad pública sirve además al propio gestor político para justificar la privatización de la gestión. Interesadamente se confunde la gestión con el sistema, de modo que si la atención sanitaria es deficiente se atribuye la causa a las supuestas perversiones de lo público y no a la incapacidad o a la falta de voluntad del gestor, en este caso, la Generalitat Valenciana.
Las competencias en materia sanitaria fueron transferidas a la comunidad autónoma valenciana en el año 1980. Nunca hasta ahora un gobierno autonómico había sembrado la confusión sobre esta materia de manera tan sistemática e interesada como lo ha hecho el PP valenciano. De su discurso parece desprenderse que la causa de las deficiencias de la sanidad valenciana se encuentra en el Gobierno socialista de España, que no tiene las competencias desde hace 28 años.
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